Denuncian transas en fideicomisos del Invi‏

Denuncian transas en fideicomisos del Invi‏ Urge transparentar todas las acciones de vivienda que desarrolla el Instituto de Vivienda (Invi), sobre todo las que realiza a través de diversos fideicomisos, pues la vivienda destinada a los sectores populares, termina siendo entregada a inmobiliarias que los venden a mercado abierto y a precios que sólo lo pueden pagar personas con alto poder económico. Afirmó lo anterior, Armando Flores, presidente del Centro de Investigación y Mediación Social (CIMES) quien puso como ejemplo el Fideicomiso que firmó el anterior titular del Invi, José Antonio Revah Lacouture, con URBI y Banca Mifel, mediante el cual le fueron entregados a esa inmobiliaria a al banco mil departamentos que no fueron vendidos a familias de escasos recursos, como es la obligación de Invi. Recordó el dirigente social que en 2010, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) expropió unos 180 predios por considerarlos de "alto riesgo estructural" para construir dos mil 500 viviendas que serían entregadas a las familias de escasos recursos que allí habitaban. Sin embargo, dijo, el INVI generó un jugoso negocio al entregar mil de esos departamentos a la Inmobiliaria URBI asociada con Banca Mifel, como excedente, los que no terminaron siendo comercializados a mercado abierto a familias de nivel medio y medio alto, pues su costo se elevó por encima del millón de pesos. Para justificar esa irregular transacción, violando todas las reglas jurídicas y de operación y políticas de administración crediticia y financiera, el Instituto Nacional dela Vivienda firmó con Urbi y Banca Mifel un ilegal "Contrato de Fideicomiso Irrevocable" que le permitió entregar las viviendas subsidiadas a la iniciativa privada. Amparado en este convenio, algunas expropiaciones realizadas por el GDF, se pagaron y otras no hubo necesidad, con el propósito de apoyar a familias de escasos recursos. Sin embargo, de acuerdo al fideicomiso, Banca Mifel se las entregó a URBI, quien construyó, pero no con su dinero, sino con recursos que le entregó el Invi, es decir del presupuesto del gobierno capitalino para vivienda. Una vez construidas las dos mil 500 viviendas, la inmobiliaria y constructora, entregó sólo mil 500 a los solicitantes de vivienda afiliados al Invi, pero se quedó con mil departamentos que estuvo vendiendo a precios que oscilaban entre un millón y un millón 200 mil pesos a mercado abierto, a precios inalcanzables para las clases populares y la mayor parte fueron entregados a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia. Es decir indica el dirigente de CIMES, Urbi y Banca Mifel, construyen con dinero del GDF, aprovechando una expropiación de 180 inmuebles de alto riesgo estructural, pagada también por el gobierno capitalino y todavía se quedan con mil departamentos que venden a costos impagables para familias de escasos recursos, por lo que son entregadas a personas con alto poder adquisitivo. El Fideicomiso del cual CIMES tiene copias, estableció la entrega de mil departamentos a Banca Mifel y CYD, Desarrollo Urbanos, S. A., empresa filial de URBI, fue utilizado como pretexto para desalojar a decenas de familias que residían en los terrenos expropiados bajo el pretexto de la construcción de los departamentos, pero después ya no se les entregaron a ellos los inmuebles, sino a otras personas que ni siquiera residían en esos terrenos. Por ello, Armando Flores demanda al jefe de gobierno, Miguel Mancera y el nuevo titular del Invi, Raymundo Collins, que se dé una mayor transparencia en las acciones que realiza el Instituto de Vivienda, sobre todo en aquellas que implican prácticas corruptas. Se den a conocer todos los fideicomisos que firmó el anterior titular de Invi, Revah Lacouture con constructoras y bancos que terminaron siendo jugosos negocios. Se dé por terminada las relaciones corruptas que sostenía el Invi con Urbi, Demet y otras inmobiliarias que sangraron el dinero del erario público para hacer oscuros negocios. Y por último que se devuelva al Invi su espíritu de ser un organismo que beneficie a las clases populares con la dotación de vivienda y no en lo que está convertido ahora que más parece una inmobiliaria privada donde se realizan oscuros negocios con dinero público. Las actuaciones de este estilo llevan la realidad de la vivienda en el D.F. a la quiebra moral automática, generando desconfianza y enojo, porque se prioriza el inmoral interés económico de funcionarios y cómplices empresariales por encima de la necesidad real de una ciudadanía que hoy inicia a preguntarse cuál es la diferencia entre algunos dirigentes que se dicen puros y otros que son acusados de corruptos?.